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Política. Que renuncien, los arresten, los procesen y encarcelen.

agosto 29, 2008

Iba a reabrir la sección de política de nuestra página con un texto acerca de lo que sucedió el jueves pasado en el Consejo de Seguridad y el extraordinario y devastador discurso no sólo de Alejandro Martí, sino de María Elena Morera cuando demostró lo indefensa que está la sociedad al tener que recordarles a políticos de todos los niveles y colores que sí hay un acuerdo, que se firmó antes que los 75 ahí firmados y que se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero algo me llamó la atención ayer y, confieso, me costó trabajo entender que no se trataba de ninguna broma o error de imprenta. Déjeme explicarle… otra vez y de vuelta.

Ruth Zavaleta, en la presentación de un libro de Aarón Sánchez que recopila fotografías de la toma de San Lázaro previo al 1 de diciembre de 2006, confesó que diputados perredistas habían introducido bombas molotov “por si acaso había una guerrita en San Lázaro” y que de esto se dio cuenta gracias a que los perros entrenados empezaron a mostrarse inquietos. Zavaleta relata que logró negociar que sacaran a los animales (los de pelaje y cuatro patas… los otros se quedaron más días) a cambio de que los cocteles explosivos se escondieran debajo de los colchones que habían puesto entre las curules. Pero, ¿sabe Usted qué es lo peor de todo? Que Zavaleta admitió estos hechos entre risas mientras calificaba de “divertida” su gestión. ¿Esa es la clase de políticos que tenemos?

De acuerdo a la Ley Federal de Armas y Explosivos, y tomando en cuenta no sólo la posesión de estos artefactos explosivos/incendiarios, los diputados perredistas se tendrían que hacer acreedores a un mínimo de cinco años y un máximo de treinta no sólo por la posesión, sino por el acopio de estas armas que entrarían en la definición de armas de uso exclusivo del ejército según el Artículo 11 Inciso H de dicha ley. No se Usted, pero yo no encuentro divertido, por ningún lado, que los elegidos para representar los intereses del pueblo, atados por definción para crear las leyes que nos gobiernan y, por juramento, para respetarlas, introduzcan cocteles molotov a la máxima tribuna del país, en medio de la toma de protesta del Presidente de la República

Esto no sólo puede ser una noticia de “perdón, no es cierto” y olvido inmediato. Estas declaraciones tendrían que ser una aceptación del hecho que orille no a una comisión legislativa para deshojar cual margarita el caso, pues está comprobado que, sin importar el tema que se busque esclarecer, este tipo de comisiones no sirven para nada. No. Estas declaraciones tendrían que abrir, de manera automática, una investigación de la Procuraduría General de la República en contra de quien resulte responsable, empezando con Ruth Zavaleta en su calidad de cómplice del hecho, y que lleve a terminar con esta cultura de la impunidad que está enraizada hasta el núcleo. En medio de esta acción conjunta de la sociedad que busca presionar al aparato del Estado para que endurezca y perfeccione el sistema de procuración de justicia, las instituciones tendrían que ser las primeras revisadas y depuradas, sin importar fueros, nombres, colores o partidos que estén detrás. No se trata de un simple discurso o artículo utópico, sino de una exigencia formal e inmediata que el Estado debe atender con responsabilidad. Aquí no podemos quedarnos en la anécdota y dar vuelta a la página, pues estos hechos hablan de la aceptación de comisión de un delito federal en los diputados que va más allá de la imagen pública y de la cosecha de votos en el año electoral que ya está corriendo.

¿Qué haría falta para que la investigación arranque? ¿Una demanda formal? No debería, pues los delitos federales se persiguen de oficio. Aún así Puedo asegurarle que muchos ciudadanos están dispuestos a presentarse en las oficinas de la PGR e interponer el recurso judicial en contra de los legisladores. Hoy, uno de los encabezados que me llamó la atención hablaba de la burla que otros diputados hacían de las declaraciones de Zavaleta -quien, hasta antes de este evento, había sido reconocida por su labor al frente de la Cámara de Diputados- y no pude evitar preguntarme si me burlaría yo de lo dicho por la perredista. Mi respuesta es no. Al contrario, me angustiaría, me llenaría de terror saber que nuestras instituciones están en manos de personas de tal ralea que son capaces de admitir, frente a la sociedad y con un cinismo que angustia, que para resolver el último punto en una confrontación democrática, acuden a explosivos y armas prohibidas por el ejército. Me indignaría también saber que, sin importar colores, partidos, proyectos o corrientes, estos políticos se asumen como defensores de la democracia -cada quien con su razón entendida como única, cual guerra religiosa de otras épocas- que vulneran desde el momento en que ostentan sus cargos con la mentira en la boca. No, definitivamente no me burlo. Caigo en un terreno de incertidumbre por saber que, mientras algunas organizaciones ciudadanas exigen a gritos seguridad como un derecho básico -que, al parecer, el Estado ha olvidado- las instituciones obligadas a procurar esa misma seguridad están en vilo entre cocteles molotov y discursos que han de empezar con algo como: “Compañeros diputados: les recuerdo que si no me hacen caso, puedo encender el arsenal que por aquí traigo guardadito”. Eso sí, mañana estarán las calles cubiertas de blanco y esto, como todo lo importante, se perderá en la laguna del olvido mediático. Vaya… se perderá en la triste inmediatez de la consecuencia y seguiremos acumulando causas y razones sin siquiera entenderlas. Y cuando la consecuencia única sea el verdadero caos, estas causas estarán enterradas debajo de tanta insensatez que será imposible entender cómo llegamos a tal desorden. Cual caja de Skinner observada por un psicópata.

Saludos,
D

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